El 11 de septiembre, el Ejército Zapatista de Liberación Nacional denunció la desaparición de Antonio Sánchez y Sebastián Núñez, miembros de la Junta de Buen Gobierno de la comunidad de Patria Nueva, Chiapas.
¿Y quién está detrás del secuestro? Según el EZLN, los dos miembros fueron secuestrados por la ORCAO, a quien acusan de ser una organización paramilitar al servicio del Gobierno de Chiapas.
“El Gobierno de Rutilio Escandón trató de sabotear la salida de la delegación zapatista que participa en la travesía por la vida, ordenando a sus paramilitares de la ORCAO el secuestro de nuestros compañeros”, afirmó el EZLN en su comunicado.
Firmado por el subcomandante Galeano, el documento también denuncia que el Gobierno de Chiapas “está haciendo todo lo posible para desestabilizar el estado” y que la gobernabilidad de la entidad “pende de un hilo”.
En los últimos meses, organizaciones de derechos humanos y el EZLN han denunciado la omisión del Estado en los ataques que han vivido las comunidades de Aldama y Santa Martha por parte de grupos paramilitares. Los ataques han obligado a cientos de personas a abandonar sus hogares.
¿Qué debería hacer el Gobierno para controlar la situación?