A través de medios de comunicación se ha dado a conocer que en el estado de Veracruz lamentablemente ha ido creciendo la “industria de víctimas”, que no es otra cosa que el modo de vida que grupos activistas han encontrado en ese estado sin que nadie los controle.
No es un secreto que el gobierno que encabeza el morenista Cuitláhuac García Jiménez, en muchas ocasiones ha pagado a estos grupos para minimizar sus acciones en la entidad, por lo que ya encontraron un modo de vivir y ganar dinero no provocando caos.
Es lamentable como utilizan el dolor de familias para poder sobrevivir y desestabilizar a la opinión pública, al mismo tiempo influir en la resolución de las autoridades de seguridad, por lo que muchos de los casos no se encarcelan a los responsables de los delitos.
Esta situación no es ajena a Yucatán ya que integrantes de estos grupos o los modos en que operan son replicados aquí, lo que es verdaderamente preocupante.
No olvidemos el caso más reciente del joven José Eduardo quien fue golpeado y violentado por integrantes de la policía estatal y que le provocaron la muerte, la señora María Ravelo, madre de la víctima, fue “asesorada” por Andrés Nieves Cervantes, un exempleado de la Fiscalía General del Estado y propietario ahora de una funeraria en Kanasín.
Este personaje se valió del dolor de la señora Ravelo para obtener apoyos económicos de diferentes actores políticos, para dividir la opinión pública, y politizar el caso que tomo dimensiones nacionales e internacionales.
Y como sucede en el estado vecino, los responsables de la muerte de José Eduardo están libres y aun en funciones, en definitiva, mucho tuvo que ver la intervención del oportunista Nieves Cervantes.
Esta situación ha rebasado por mucho a las autoridades veracruzanas y han caído en ese juego pagando por silencio, en definitiva, es clara la línea de ganar dinero con el dolor ajeno.
De igual manera se conoce gente y políticos sin escrúpulos, que se benefician políticamente con el dolor de las persona, comprando medios de comunicación para mal informar a la ciudadanía.