Este viernes 29 de enero se cumplen 24 meses de prisión preventiva ilícita para Ermilo Castilla Roche, a quien durante todo este tiempo no se le ha podido iniciar un juicio por la falta de elementos para procesarlo.
Tal la privación arbitraria de la libertad, se mantiene por fuertes presiones políticas del Gobernador del Estado, Mauricio Vila Dosal, del Secretario de Seguridad Pública del Estado de Yucatán, Luis Felipe Saidén Ojeda, y del Magistrado Jorge Enrique Edén Wynter García («Dictador» de los Juzgados Federales con sede en Yucatán), hacia el Juez del Fuero Común, Luis Armando del Jesús Mendoza Casanova, quien aún sin elementos jurídicos suficientes, mantiene encarcelado a Ermilo Castilla Roche, a costa de su prestigio y arriesgando su carrera Judicial.
A dichas presiones, se suma la del Presidente del Tribunal Superior de Justicia, Ricardo Ávila Heredia, que junto con los antes mencionados, obedece a los caprichos de la familia Ponce García – Ponce Díaz, dueños de Bepensa y concesionarios de Coca-Cola.
Es necesario mencionar que Ávila Heredia, fungió como Secretario de Gobierno, durante la gestión de Dulce María Sauri Riancho, precisamente cuando Fernando Ponce García era el de Secretario de Desarrollo Económico, y entre los dos firmaron el fraude histórico detrás de la la desincorporación de Cordemex y la liquidación henequenera, la venta de los terrenos de Francisco de Montejo a Armando José Palma Peniche alias «La, la Gaviota» en $0.001 por m2, la auto asignación de 400 hectáreas en la carretera Mérida-Progreso, y el inicio del fraude de las placas vehiculares que hasta hoy sigue controlando Juan Manuel Ponce Díaz, entre otros múltiples ilícitos que quedaron impunes y que por 30 años continúan saqueando sistemáticamente al erario.
Por su parte, el Fiscal General del Estado, Juan Manuel León León, impuesto por Luis Felipe Saidén Ojeda, también se encuentra abonando a esta ilegalidad, en evidente agradecimiento por su nombramiento tras espectáculo orquestado contra Wilberth Cetina.
Es por mucho lamentable, que las violaciones a los derechos de los ciudadanos a recibir una justicia pronta, equitativa, expedita y sin sesgo, se vea pisoteada por los intereses políticos y económicos de unos pocos.
Un Estado donde los Derechos Civiles y Humanos resulten secundarios y hasta selectivos, donde cualquier artimaña e ilícito sean dignificados dependiendo del apellido del actor y su cercanía a un Gobierno Corrupto y Autoritario, donde el Poder Ejecutivo y el Poder Judicial conspiren en contra de los ciudadanos que juraron proteger, donde las Constitución y Leyes sean deliberadamente retorcidas y violentadas, y donde el Estado de Derecho resulte un privilegio, es un Estado fallido y al borde del colapso.
ESO ES LO QUE ESTÁ EN JUEGO EN YUCATÁN, NO ES UN SIMPLE PLEITO ENTRE PARTICULARES, SINO LA MANIPULACIÓN DE TODO UN SISTEMA CORRUPTO PARA SATISFACER Y SATISFACERSE, A COSTA DE TODOS NOSOTROS Y DE NUESTROS DERECHOS SALVAGUARDADOS EN LA CONSTITUCIÓN.
TOCA AHORA A LOS ACTORES SEÑALADOS EL RECONOCER Y CORREGIR SUS BARBARIES, DAR GARANTÍAS SÓLIDAS DE SU FUTURA LEGITIMIDAD, Y PEDIR DISCULPAS Y OTRA OPORTUNIDAD A LA CIUDADANÍA, O PRESENTAR SU INMEDIATA RENUNCIA.