Fuentes judiciales revelaron que están profundizando en las averiguaciones abiertas en contra de Seguros Argos y del Grupo Persore, en las que Martín Favela Yzita figura como socio y directivo, por las diversas irregularidades que en junio del 2009 provocaron la rescisión del contrato celebrado el año anterior con la Secretaría de Finanzas del Gobierno de Tabasco debido a una serie de incumplimientos e irregularidades.
Originalmente, Seguros Argos fue la empresa seleccionada por el gobierno del estado para diseñar y operar el fideicomiso que buscaría regularizar el pago de las compensaciones que recibían los mandos medios y superiores del gobierno estatal. Argos, por su parte, subcontrató al Grupo Persore.
De acuerdo a los expedientes, la segunda empresa -dedicada a la administración de personal- realizaría los estudios actuariales para soportar las operaciones que implicaban un monto superior a los 600 millones de pesos anuales, por el cual se estableció una comisión del 12 por ciento, tres veces superior a la considerada normal en el mercado de seguros y fianzas.
Asimismo, Persore sería la encargada de dispersar mensualmente el recurso a las cuentas de 50 mil 610 empleados de confianza, en lo que fue la primera operación observada por el Órgano Superior de Fiscalización del Estado (OSFE), debido a retrasos constantes y la entrega de cantidades menores a las establecidas en el convenio, lo que originó protestas e inconformidades al interior del gobierno estatal.
Incluso, de acuerdo a lo observado por el OSFE, fueron detectados mil 477 supuestos trabajadores (aviadores) que en las revisiones no pudieron ser localizados, por lo que la entonces Procuraduría General de Justicia abrió una carpeta de investigación.
De igual manera, se investiga la relación que existía entre Martín Favela Yzita y José Manuel Saiz Pineda, titular de la Secretaría de Administración y Finanzas, debido a que se presume un contubernio que también involucra a Martín Alberto Medina Sonda, el socio de ambos que actualmente purga una condena de 50 años por el asesinato de su exesposa Emma Gabriela Molina Canto.
Finalmente, la fuente destacó que se provocó un daño de 247 millones 102 mil 783.12 pesos en contra del erario estatal derivado de tres créditos fiscales por las irregularidades detectadas por el Sistema de Administración Tributaria (SAT) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.