Una magistrada federal ha revocado la medida de prisión preventiva para ocho militares acusados en el caso Ayotzinapa, relacionado con la desaparición de 43 estudiantes de magisterio en el sur de México en 2014. En su lugar, se les permite continuar con el proceso judicial en libertad, siempre y cuando cumplan con el pago de una fianza, la restricción de salir del país y la obligación de presentarse ante los juzgados quincenalmente.
Según Santiago Aguirre, abogado de los padres de los desaparecidos, la decisión se tomó en una audiencia realizada la víspera y afecta a aquellos acusados por el delito de desaparición forzada de personas. Este cambio de medida cautelar representa un golpe adicional a un caso que, después de nueve años, aún no se ha esclarecido. Aguirre expresó su preocupación al señalar que esto confirma la interferencia de la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA) en el caso, ya que abogados militares están participando en la defensa de los acusados.
Con esta modificación, solo cinco militares, incluido un general, permanecerán en prisión, siendo los únicos cuya presunta responsabilidad ha sido reconocida por el Ejército. Tres de ellos también enfrentan acusaciones de delincuencia organizada por presunta colaboración con un cártel local. A pesar de nueve años desde el ataque en Iguala en 2014, aún persiste la incertidumbre sobre el móvil del crimen y el paradero de los estudiantes.
La participación de las Fuerzas Armadas en el caso ha sido confirmada por la Fiscalía General de la República y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Sin embargo, la magnitud de su involucramiento sigue siendo un punto de controversia. El presidente Andrés Manuel López Obrador, quien ha otorgado más poder a los militares, sostiene que solo unos pocos elementos están implicados, mientras que expertos internacionales y abogados de las víctimas argumentan lo contrario.
La liberación de los ocho militares se produce después de que las familias de los 43 amenazaran con romper el diálogo con el gobierno si no se les entregaban los documentos militares solicitados durante un año. Actualmente, el proceso legal incluye la prisión domiciliaria del exprocurador general Jesús Murillo Karam, acusado de obstrucción a la justicia, tortura y desaparición forzada. A pesar de las promesas de López Obrador de esclarecer el caso antes de finalizar su mandato en octubre, la confianza de los padres de los desaparecidos en la resolución del caso disminuye.